El 26 de junio se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Siguiendo el lema seleccionado para este año, “las personas primero: basta de estigmatización y discriminación, reforcemos la prevención, las políticas públicas deberían estar enfocadas en “defender a los más vulnerables, incluidos niños, niñas y jóvenes, personas que consumen drogas, personas con trastornos por consumo de drogas y personas que requieren acceso a medicinas controladas”.
Desde Casa Abierta, vemos que año tras años, este día nos encuentra en la República Dominicana, no solamente atascados, estamos retrocediendo. La fecha es propicia para proponer una reflexión sincera de parte de la sociedad en general, pero en especial de nuestras autoridades, responsables directos de las políticas públicas sobre drogas.
Atascados, porque en nuestro país continua vigente, desde hace 35 años, una ley totalmente desfasada de las actuales perspectivas humanas, y científicas. La ley 50 – 88, es un instrumento estrictamente represivo, cuando hoy en todos los foros científicos se recomienda no reprimir al usuario de drogas, y dar atención compasiva y de salud, a las personas que sufren las adicciones.
Pero el llamado liderazgo nacional, en todas las instancias del poder, ha hecho oídos sordos a estas recomendaciones, que están basadas en la necesidad de proteger la dignidad y los derechos de las personas.
La legislación nuestra va más lejos en eso de negarse a “defender a los más vulnerables…”, define como “posesión culposa”, la “tenencia o posesión para uso o consumo propio e inmediato”, a pesar de que antes ha definido la categoría de habituados como “la persona que abusa regularmente de una o varias drogas sin consecuencias sociales u ocupacionales evidentes”.
Pero todavía hay más. La mirada ultra prohibicionista que rige la política de drogas en la República Dominicana es tan absurda que se ensaña justo con las personas más vulnerables, como son las adictas a la heroína. En nuestro país, establece la ley 50 -88, la posesión de derivados del opio, “en la cantidad que fuera, se clasificará a la persona o las personas procesadas como traficantes”.
Atascados, porque las acciones locales no pueden reducir la demanda, que debería ser el objetivo fundamental, porque poco se hace para esos fines. Pero tampoco se ha reducido la oferta, que ha sido el enfoque principal, no obstante que se anuncian con frecuencia, incautaciones, confiscaciones, y apresamientos.
Atascados, porque mientras en otras naciones se han dado pasos para no criminalizar a las personas usuarias, desarrollar estrategias de reducción de riesgos y daños, y legislar para regular el uso de cannabis medicinal, en nuestro país se sigue acríticamente con la mal llamada “guerra contra las drogas”, que es en realidad contras las personas más vulnerables, y que ha resultado peor que la misma droga que dice combatir.
Atascados porque las actuales autoridades incumplen su propio compromiso, de promover “un amplio diálogo nacional para fijar posición sobre el cuestionamiento de las premisas subyacentes del paradigma actual de la política de fiscalización internacional, y la necesidad de enfoques alternativos”. Después de casi 3 años, seguimos esperando ese dialogo nacional prometido.
En retroceso, porque este 26 de junio encuentra a la mayoría de las organizaciones sociales que ofrecen tratamiento residencial, en tránsito hacia una muerte lenta, asfixiadas por la falta de recursos.
Desde que el Consejo Nacional de Drogas fue retirado de la presidencia del Comité contra el Lavado de Activos, la entrega de los recursos de la Ley 155-17, se fue disminuyendo, hasta desaparecer totalmente.
En los casi 3 años de instaladas las actuales autoridades, contra toda expectativa y gestiones al más alto nivel, todo ha quedado en promesas y palabras de simpatía. Inexplicablemente, la Procuraduría General de la República, no ha cumplido con la ley ni en una sola ocasión, cuando en administraciones anteriores el promedio era 3 entregas por año.
Esto la única explicación que tiene es la falta de voluntad y el desprecio por las personas que sufren adicciones y sus familias.
El 26 de junio es oportuno para insistir en demandar un cambio en las políticas públicas sobre drogas. Las políticas actuales, son contrarias a una sociedad respetuosa de los derechos y la dignidad de las personas, y solo siguen produciendo consecuencias indeseables.
Es tiempo de definir un nuevo rumbo, para dejar atrás años de atrasos.
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Fuente: Casa Abierta RD
